El Juzgado retoma la investigación de Grupo El Salvador de Valladolid con la declaración de un trabajador

El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid que investiga la denominada ‘Operación Ignis’, centrada en el grupo funerario El Salvador por la supuesta reventa o ‘cambiazo’ de ataúdes caros por otros más baratos, retoma la actividad con la declaración a un trabajador.

Se trata de la primera declaración que se produce tras la supresión de la actividad por la pandemia de COVID-19 y supone la continuidad así de las investigaciones de este caso, que ha supuesto ya la toma de declaración a numerosos empleados del grupo funerario.

Esta citación se produce después de que la juez instructora haya acordado prorrogar la investigación judicial por espacio de otros 18 meses, una decisión que estima la petición formulada por el Ministerio Fiscal, sustentada en el amplio lapso temporal que comprenden los hechos que pudieran tener relevancia penal y el considerable número de investigados y afectados; el hecho de que estén pendientes de realización los informes sobre el material intervenido en las instalaciones de las empresas, y la previsión de que sea necesario realizar nuevas diligencias a raíz del resultado de las aún pendientes.

La causa, declarada compleja por auto de 18 de febrero de 2019, contó ya entonces con una primera prórroga de año y medio de instrucción a la que ahora se suma esta nueva.

Frente a esta decisión, la defensa de la familia Morchón y resto de presuntos implicados –figuran 25 investigados– ya se ha presentado recurso al no ver fundamento alguno a la decisión.

INVESTIGACIÓN COMPLEJA
El Juzgado de Instrucción 6 investiga desde finales de enero de 2019, entre otras presuntas irregularidades, la supuesta sustitución de féretros por otros de mucho menor precio antes del proceso de incineración por parte de un total de veinticinco personas, entre miembros de la familia Morchón, propietaria del negocio funerario, y empleados del grupo. El periodo analizado comprende entre 1995 y 2015 y habría cerca de 6.000 afectados.

El propietario del negocio, Ignacio Morchón Alonso, de 75 años, salió en libertad provisional en junio del pasado año tras permanecer preso desde el día 2 de febrero y una vez garantizada fianza hipotecaria de 800.000 euros, mientras que sus hijos, que también llegaron a permanecer presos, recuperaron igualmente con anterioridad la libertad una vez abonadas fianzas hipotecarias por valor de otros 800.000 y 200.000 euros, respectivamente.

En marzo del pasado año la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León respaldó la declaración del caso como causa compleja por corrupción, atendiendo a la clase de delitos por los que se sigue, en particular, delito fiscal y/o blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, así como por la pluralidad de personas investigadas, la existencia de organización criminal, el elevadísimo número de perjudicados, la relevancia económica de las conductas investigadas y la especial complejidad de la instrucción, al tiempo que informó favorablemente la petición de apoyo de la instructor en cuanto a refuerzo de personal.