La salud mental: una asignatura pendiente de la sanidad pública española

Por el momento es imposible saber si se están produciendo ahora más suicidios que antes del COVID-19. El INE no publicará los datos hasta dentro de dos años, el tiempo que tarda en recopilar las muertes confirmadas por esta causa, que le llegan de los institutos de medicina legal de toda España.

Hay pocas certezas, pero las que tenemos por ahora vendrían a confirmar esta hipótesis. En Andalucía, la comunidad más poblada, el consumo de antidepresivos aumentó más de un 10% el pasado mes de marzo, y un 9% el de ansiolíticos (el estado de alarma se inició el 14 de marzo).

En el Teléfono de la Esperanza aseguran que nunca en sus 50 años de historia habían recibido tantas llamadas. «Más ahora que durante el confinamiento», nos cuenta Ángel Pérez, uno de sus portavoces. No han aumentado por suerte las llamadas relacionadas con intentos de suicidio, pero sí por crisis ansiosas y estados depresivos: «Un 45% más desde que comenzó el estado de alarma, si lo comparamos con las mismas fechas del año pasado». 38.400 llamadas. Y siguen en aumento, nos dicen.

Para intentar atender todas las peticiones de ayuda han puesto en marcha un servicio complementario al teléfono: la web www.compartevida.es  «A través de ella rellenas una serie de datos y un psicólogo clínico te llama lo antes posible. Normalmente da unas dos o tres sesiones. Ha tenido una gran acogida, con más de 1.300 solicitudes», asegura Pérez.

La salud mental, una carencia de la sanidad pública
La OMS también alertaba en mayo sobre el aumento de problemas de salud mental en todo el mundo derivados de la pandemia. Llamaba a los países a que «aumentaran sustancialmente» sus inversiones en salud mental.

En España han pinchado en hueso. En enero de este año, cuando todos pensábamos que el coronavirus era algo que ocurría en China, el Defensor del Pueblo ya pidió al Gobierno y a las comunidades autónomas que incrementaran esa inversión. La ratio de psicólogos por habitante «apenas ha aumentado en la última década» según su informe. Aunque el panorama varía mucho según cada comunidad, han calculado que en nuestra sanidad pública hay seis psicólogos por cada 100.000 habitantes. Tres veces menos que la media europea.

«Antes del COVID el suicidio ya era un problema en España» nos dice Andoni Anseán, psicólogo y presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio. Los datos son tozudos: cada día en España se suicidan 10 personas y se estima que otras 200 lo intentan. Es desde hace años la primera causa de muerte no natural en nuestro país, sus víctimas casi doblan a las de los accidentes de tráfico, según los últimos datos de 2018.

«Y sin embargo los servicios de salud mental siguen siendo el patito feo de la sanidad pública», continúa Anseán. «Apenas reciben el 5% de la inversión en sanidad a pesar de que tienen un peso cada vez más grande. Se estima que una de cada cuatro consultas al médico de cabecera están relacionadas con la salud mental». Ante la pregunta de si estamos preparados para un posible aumento de patologías mentales la respuesta es clara: «No lo estamos en absoluto».

«Está estudiado en varios países europeos que si dotamos de más medios a la atención primaria los suicidios disminuyen. Los médicos de cabecera son la primera línea en la detección del riesgo», nos cuenta el psiquiatra e investigador Lucas Giner. «La mayoría de los suicidios están relacionados con patologías psiquiátricas, que no necesariamente son enfermedades mentales graves. Si se trata esa patología en muchos casos desaparece la idea del suicidio. El problema es que no llegan a tener acceso a ese tratamiento. Se estima que la mitad de los que se han suicidado no han llegado a ser diagnosticados».

«Esperemos que no nos ocurra como con la pandemia y el aumento de problemas mentales que se prevé nos pille con el pie cambiado. Nosotros no necesitamos equipos de protección sino tiempo y recursos humanos», concluye Giner.

Todos los especialistas consultados para este artículo coinciden en que es imprescindible un plan nacional de prevención del suicidio. Ahora mismo, según la Fundación española para la prevención del suicidio, solo nueve comunidades autónomas tienen planes específicos en este asunto.