Crean una comisión para estudiar el contrato de construcción y gestión del crematorio de Valdemoro
Todos los grupos políticos de Valdemoro, (Comunidad de Madrid) crean una comisión de trabajo sobre contrataciones municipales, para estudiar el contrato de construcción y gestión de un crematorio en el barrio de La Estación, cuya tramitación quedó paralizada en 2016.
La reunión será telemática y tendrá lugar el próximo 17 de diciembre, cumpliendo así con el compromiso adquirido en la Comisión de Urbanismo por los grupos municipales.
Según Carrillo, portavoz de Más Madrid en Valdemoro, la comisión pretende estudiar la posibilidad de revocar de oficio el contrato, que data del último gobierno del PP y cuyo expediente de tramitación quedó paralizado en 2016 por silencio administrativo, con Ciudadanos ya en el Gobierno municipal.
La empresa PRISAN-UTE, adjudicataria de la gestión del tanatorio y cementerio municipal de Valdemoro, denunció tal circunstancia, ganó la sentencia y el Ayuntamiento se ha visto obligado a acatar la decisión del TSJM, que le obliga a resolver el expediente ante la amenaza de una indemnización que podría superar los 3 millones de euros, a los que habría que sumar los intereses de demora y el lucro cesante, según fuentes municipales.
Según Carrillo, existen indicios que podrían suponer la revocación del contrato, como que la adjudicación no tenía informe jurídico ni de necesidad, ya que “solo las localidades de más de 200.000 personas están obligadas a tener crematorio”.
Los otros indicios pasan porque la empresa “no pudo demostrar solvencia económica durante el proceso de adjudicación del contrato”, tal y como puso de manifiesto el Defensor del Pueblo, y por que, además, aparecía como una empresa de peluquería y no estaba inscrita en el Registro de Entidades Mortuorias, algo que se subsanó un año después de la firma del contrato, según Más Madrid.
Fuentes municipales han explicado que ya se intentó la revocación de oficio del contrato y que “los juzgados dijeron que no” y han incidido en que la sentencia del TSJM es firme y “no se pude recurrir”.
