Decretan la caducidad del proyecto del crematorio junto al cementerio de San Mauro promovido por Funespaña
El Ayuntamiento de Pontevedra ha decretado la caducidad del proyecto de urbanización del vial de acceso al edificio para tanatorio y crematorio en las inmediaciones del cementerio de San Mauro, promovido en su día por la empresa Funespaña.
Así lo ha hecho saber la portavoz municipal Anabel Gulías, ayer lunes 27 de septiembre, tras la celebración de la Xunta de Gobierno, en la que se dio cuenta de que la licencia que la compañía de servicios funerarios había solicitado para dicha urbanización había prescrito.
La construcción de dicho vial, según informa Faro de Vigo, era un requisito imprescindible para el levantamiento del crematorio, por lo que el Concello de Pontevedra, al haber pasado tanto tiempo sin tener noticias de los trámites correspondientes, considera que la empresa ya no mantiene interés en seguir adelante con dicho proyecto. No obstante, Gulías indicó que Funespaña todavía podría presentar alegaciones a esta resolución, aunque la concejala nacionalista avanzó que será una alegación «complicada, porque deberían hacer constar la adquisición formal dos terrenos, un requisito que solicitábamos y que no se cumplió».
En el año 2014, la empresa Funespaña pretendía instalar un tanatorio-crematorio en Pontevedra, en terrenos rústicos de su propiedad detrás del cementerio de San Mauro, «no tenía marcha atrás», pese al rechazo que suscitó este proyecto entre los residentes de la zona, que llegaron a constituir la Plataforma vecinal Non Crematorios Pontevedra Leste y realizaron masivas manifestaciones y protestas en su contra.
En aquel momento, la compañía había dejado claro su propósito de seguir adelante con un crematorio que comenzó a impulsar hacía más de una década la empresa local Sempsa, hasta que fue adquirida por Funespaña, y cifraba en cinco millones de euros la ejecución de las instalaciones para la cremación.
Siete años más tarde, tras no haber presentado la empresa la documentación necesaria para continuar con dicho proceso de urbanización ni haber efectuado la compra de los terrenos que se le exigía desde el Ayuntamiento de Pontevedra, finalmente la Administración municipal ha decretado la caducidad de todo el proyecto.
