La concesionaria Canaricem sigue cobrado del Ayuntamiento de Las Palmas la tasa de cementerio
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a causa de la suspensión de la tasa de mantenimiento de cementerio entre 2007 y 2015 ya le ha supuesto tener que abonar 11,5 millones de euros por orden judicial.
En la cifra se incluyen parte de los intereses de demora abonados, porque el pago se produce varios años después del ejercicio en que es reclamado por la concesionaria Canaricem, una vez que el juez ordena satisfacer la deuda.
Fuentes de la Concejalía de Cementerios, que dirige Luis Zamorano, aseguran que entre 2015 y 2021 se han pagado otros 10 millones y añaden que se está intentando “llegar a un acuerdo con la concesionaria para evitar las vías judiciales”. Desde Canaricem confirman que se está negociando para retirar los recursos por impago presentados desde 2016.
Los 11,5 millones que se han pagado hasta ahora por orden judicial corresponden al periodo comprendido entre 2007 -año en el que la entonces concejala de Cementerios Nardy Barrios suspendió la tasa- y 2015, el último ejercicio que la empresa Canaricem ha ganado en los tribunales tras recurrir el impago.
Hasta ahora, un total de 19 sentencias judiciales le han dado la razón al concesionario y reconocen la “legitimidad” que le asiste al reclamar el dinero. El pleno municipal del pasado octubre autorizó el pago de 1,5 millones correspondiente a la tasa de 2015, tras la ratificación del Supremo. En dicha cantidad se incluye un total de 270.000 euros por los intereses devengados desde febrero de 2015 hasta ahora.
La tasa de mantenimiento de las unidades de enterramiento fue aprobada en mayo de 2006 y gravaba con un pago extra anual a los arrendatarios de nichos y tumbas a más de 50 años vista (hasta 99 años, límite de la concesión), pero se suspendió el cobro en 2007 por decisión del gobierno municipal. El problema agravó después porque el Ayuntamiento anuló la tasa en 2008 sin tramitar el expediente de suspensión, de ahí que la concesionaria del servicio recurriera ante los tribunales, que le dieron la razón a Canaricem en 2010.
Esto provocó una batalla judicial por la reclamación de la tasa correspondiente al periodo 2008-2011 que se ha ido extendiendo todos estos años. En 2011, no obstante, el Ayuntamiento anuló definitivamente la tasa y ya no está al cobro de los ciudadanos.
