La juez prorroga seis meses más la instrucción sobre la presunta estafa de Grupo Funerario El Salvador
La investigación sobre la supuesta actuación delictiva por parte de los titulares y trabajadores del Grupo Funerario El Salvador de Valladolid, en el marco de la denominada ‘Operación Ignis’ sobre el supuesto ‘cambiazo’ de ataúdes por otros más baratos entre 1995 y 2015 durante el proceso de cremación, ha sido prorrogada por espacio de otros seis meses debido a que aún quedan por practicar importantes pruebas.
Así lo ha acordado la titular del Juzgado de Instrucción número 6 a través de un auto, en fuentes jurídicas, en el que se establece una prórroga de la investigación que finalizará el próximo día 22 de julio.
La instructora recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa y que, si con anterioridad a la finalización del plazo se constatase que no será posible finalizarla, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes, podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses.
En el presente caso, la juez recuerda que las diligencias previas se encuentran actualmente pendientes de los dos informes que faltan de aportar por parte del Grupo I UDEV, uno de ellos relativo al consumo de gas de los hornos crematorios instalados en el Nuevo Tanatorio El Salvador y en el Cementerio Parque el Salvador, y el otro relativo al contenido de los dispositivos electrónicos/informáticos que fueron intervenidos con ocasión de la diligencia de entrada y registro en las instalaciones de Agencia Funeraria Castellana SA y Parque el Salvador SL.
A la vez, se continúa con el ofrecimiento de acciones a los perjudicados y, además, el fiscal ha solicitado la práctica de nuevas testificales, con lo que la instructora justifica la nueva prórroga por otros seis meses, hasta julio, en que las diligencias pendientes se consideran «idóneas y necesarias a fin de concluir la instrucción, al no ser posible su conclusión antes del 29 de enero de 2022», fecha en la que estaba previsto que expirase la investigación.
INFORME INCRIMINATORIO DE LA POLICÍA
Hace unos meses, un informe elaborado por Policía Nacional en Valladolid, a partir del análisis de una veintena de dietarios ocupados en el Cementerio Parque El Salvador, sostenía que hubo actuación delictiva por parte de los responsables y trabajadores del mismo al hacer creer a los familiares de los fallecidos que éstos eran incinerados en el tanatorio de la capital, cuando en realidad se efectuaba en instalaciones de Santovenia, una vez realizada la supuesta «sustracción» de ataúdes.
El informe entregado en el Juzgado de Instrucción número 6 se enmarca en las pesquisas llevadas a cabo por el Grupo UDEV-I de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Valladolid en el entorno del grupo empresarial El Salvador, por las que la juez titular mantiene en calidad de investigadas a 25 personas, entre ellas miembros de la familia Morchón, titular del negocio.
Los peritos han analizado un total de 22 dietarios–desde 1997 a 2019, si bien falta el de 2017–con ocasión de los registros llevados a cabo en varias de las instalaciones del citado grupo empresarial el 31 de enero de 2019, fecha de ‘explotación’ de la denominada ‘Operación Ignis’. La documentación se intervino en dependencias del Cementerio Parque El Salvador, en Santovenia de Pisuerga (Valladolid).
La veintena de dietarios ha sido además cotejada con las 26 libretas intervenidas al extrabajador Justo M.G, cuyas manifestaciones destaparon el supuesto escándalo registrado entre los años 1995 y 2015 en el grupo funerario, periodo en el que, presuntamente, se dio el ‘cambiazo’ a féretros de alta calidad por otros mucho más barato antes del proceso crematorio.
Al respecto, la policía constataba que las declaraciones del extrabajador, quien reconoció que en muchos casos las incineraciones no se realizaban en el Tanatorio El Salvador sino en el cementerio, «evidencian que los datos aportados por éste se ajustan a la realidad», y ello a pesar de que la defensa de los investigados haya puesto en tela de juicio la veracidad de sus afirmaciones e incriminaciones y enmarque todo en un intento de extorsionar a la familia Morchón.
