El juzgado cita a declarar a cinco integrantes de la familia Monchón investigada por el “cambiazo” de ataúdes
El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid ha citado a declarar a cinco integrantes de la familia Morchón como investigados en el caso del supuesto ‘cambiazo’ de ataúdes por otros más baratos en el Grupo Funerario El Salvador del que son titulares, cuya investigación ha decidido no prorrogar.
En concreto, el Juzgado ha citado a declarar a Ignacio Morchón padre, a su esposa, su hijo y sus dos hijas en calidad de investigados (a estos cinco se suma otra veintena) el 16 de septiembre en una providencia en la que ordena que se continúe practicando el ofrecimiento de acciones al resto de perjudicados.
Por otro lado, ha dictado un auto en el que acuerda no prorrogar la instrucción de la investigación de la denominada Operación Ignis sobre el supuesto ‘cambiazo’ de ataúdes por otros más baratos entre 1995 y 2015 durante el proceso de cremación.
Así, en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas, acuerda que no se prorrogue la instrucción más allá del 29 de julio, cuando expiraba la investigación tras el acuerdo de la anterior prórroga. El Ministerio Fiscal se había mostrado partidario de no prorrogar la instrucción, no así algunas de las partes personadas en el procedimiento como la que representa a la Funeraria o la de la mujer e hijas de Morchón, que se opusieron a que de nuevo se extendiera el plazo.
La instructora recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa y que si con anterioridad a la finalización del plazo se constatase que no será posible finalizarla, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes, podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses.
En el presente caso, la juez incide en que, a la vista del estado de las actuaciones, no procede acordar una nueva prórroga del plazo de instrucción, ya que se han recibido todos los informes pendientes elaborados por parte del Grupo I UDEV de la Brigada provincial de Policía Judicial, entre ellos los relativos al consumo de gas de los hornos crematorios instalados en el Nuevo Tanatorio El Salvador y en el Cementerio Parque el Salvador y al contenido de los dispositivos electrónicos/informáticos que fueron intervenidos con ocasión de la diligencia de entrada y registro en las instalaciones de Agencia Funeraria Castellana SA y Parque el Salvador SL.
Sólo queda pendiente de recepción, recuerda la instructora, el croquis de las instalaciones elaborado por el Grupo I UDEV, que fue solicitado en su día por el Ministerio Fiscal, de forma que una vez acordada la práctica de las nuevas declaraciones de los cinco investigados de la familia Morchón y seguir practicando el ofrecimiento de acciones a los perjudicados, considera que no preoced acordar la prórroga de la instrucción.
Informe incriminatorio de la Policía
Hace unos meses, un informe elaborado por Policía Nacional en Valladolid, a partir del análisis de una veintena de dietarios ocupados en el Cementerio Parque El Salvador, sostenía que hubo actuación delictiva por parte de los responsables y trabajadores del mismo al hacer creer a los familiares de los fallecidos que éstos eran incinerados en el tanatorio de la capital, cuando en realidad se efectuaba en instalaciones de Santovenia, una vez realizada la supuesta ‘sustracción’ de ataúdes.
El informe entregado en el Juzgado de Instrucción número 6 se enmarca en las pesquisas llevadas a cabo por el Grupo UDEV-I de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Valladolid en el entorno del grupo empresarial El Salvador, por las que la juez titular mantiene en calidad de investigadas a 25 personas, entre ellas miembros de la familia Morchón, titular del negocio.
Los peritos han analizado un total de 22 dietarios -desde 1997 a 2019, si bien falta el de 2017- con ocasión de los registros llevados a cabo en varias de las instalaciones del citado grupo empresarial el 31 de enero de 2019, fecha de ‘explotación’ de la denominada ‘Operación Ignis’. La documentación se intervino en dependencias del Cementerio Parque El Salvador, en Santovenia de Pisuerga (Valladolid).
La veintena de dietarios ha sido además cotejada con las 26 libretas intervenidas al extrabajador Justo M.G, cuyas manifestaciones destaparon el supuesto escándalo registrado entre los años 1995 y 2015 en el grupo funerario, periodo en el que, presuntamente, se dio el ‘cambiazo’ a féretros de alta calidad por otros mucho más barato antes del proceso crematorio.
Al respecto, la policía constataba que las declaraciones del extrabajador, quien reconoció que en muchos casos las incineraciones no se realizaban en el Tanatorio El Salvador sino en el cementerio, «evidencian que los datos aportados por éste se ajustan a la realidad», y ello a pesar de que la defensa de los investigados haya puesto en tela de juicio la veracidad de sus afirmaciones e incriminaciones y enmarque todo en un intento de extorsionar a la familia Morchón.
