La Agencia de Protección de Datos sanciona a Servisa por ceder datos de una trabajadora del tanatorio de Huelva
La funeraria Servisa, del grupo OCASO, ha sido sancionada por la Agencia de Protección de Datos por ceder indebidamente datos personales, de carácter sensible, de una trabajadora del Tanatorio Servisa Huelva a medios de comunicación.
La trabajadora a través de su letrada, Sara Carmen Vázquez de la Corte, denunciaron que tanto la anterior como la actual dirección del Tanatorio Servisa Huelva, cedieron indebidamente nombre y apellidos, afiliación sindical y una patología médica de la trabajadora, tanto al sindicato CGT como a numerosos medios de comunicación. Ante estos graves hechos se abrió una investigación y tras varios meses de instrucción, la AEPD les ha sancionado a dos infracciones:
La primera de 40.000 euros por la infracción del artículo 9 RGPD.
La segunda de 40.000 euros por infracción del artículo 6 RGPD.
Finalmente, la agencia les ha rebajado la sanción a 48.000 euros por realizar el pago voluntario.
La noticia publicada, íntegramente, en la propia página web de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
La trabajadora, ha iniciado una nueva vía judicial para reclamar daños morales por la filtración de sus datos personales sin su consentimiento puesto que considera que es inaceptable el trato que se le ha dado por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Recordar que dicha trabajadora ha sido readmitida provisionalmente en su puesto de trabajo tras haber podido demostrar, en sede judicial, que su despido disciplinario era en realidad un despido nulo por vulneración de sus derechos fundamentales.
El Funerario Digital se ha puesto en contacto con la abogada de la trabajadora, Sara Carmen Vázquez de la Corte, quien nos ha explicado que «tanto la trabajadora como su entorno familiar se vieron muy afectados psicológicamente por las filtraciones que pusieron a la trabajadora en el punto de mira, a pesar de aparecer siempre de espaldas en todas las entrevistas, ocasionando a mi clienta un perjuicio irreparable que ya ha reconocido tanto los Juzgados de lo Social de nuestra provincia como la Agencia Española de Protección de Datos a través una resolución que es firme y pública».
