Caso funerarias, el fraude de un empleado de Parcemasa que realizó 3.000 cremaciones irregulares
En 1997 se descubrió que cientos de malagueños habían recibido bolsas con cenizas que no eran de sus familiares, un fraude por el que se condenó a ocho personas por casi 3.000 cremaciones irregulares y que cierra 25 años después su página judicial con el pago de las indemnizaciones.
Más de 2.000 fallecidos no fueron identificados, por lo que la Audiencia Provincial de Málaga publicó un edicto en un periódico local en 2016 para que los familiares y herederos se personaran en sede judicial para solicitar las indemnizaciones que pudieran corresponderles. Pero llegó la Covid y la Audiencia de Málaga amplió el plazo para que los afectados pudieran reclamar por el daño moral causado sin afectarles también la pandemia.
La persistencia de una funcionaria
María Teresa Nieto, letrada de la Administración de Justicia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, ha asegurado a EFE que sin el trabajo de la gestora encargada del caso muchos afectados no hubieran cobrado, pero su persistencia ha permitido resarcir el daño causado a los familiares.
Los afectados que han comparecido o han sido localizados han cobrado indemnizaciones que oscilan entre los 1.000 y 2.000 euros, y aunque la mayoría han sido familiares directos (hermanos e hijos) también se ha dado el caso de personas que después de recibir el mandamiento de pago han fallecido y lo han cobrado nietos o sobrinos.
«Ha sido un trabajo muy minucioso, la funcionaria llamaba uno a uno a los posibles perjudicados e intentaba localizarlos, aunque fuera complicado», ha indicado Nieto, muy satisfecha del trabajo que se realiza en esta sección.
Gracias a esta tarea, unas doscientas personas ya han cobrado la indemnización que les corresponde. Como hay afectados que no han podido ser localizados, la Audiencia va a transferir lo que ha sobrado a Fondos Provisionales Abandonados, porque tienen un plazo de treinta años para reclamarlo por ley.
EL FRAUDE
El fraude consistía en que un empleado de la empresa Parcemasa cobraba tarifas menores a una serie de funerarias por hacer incineraciones de restos humanos y, a cambio, recibía dinero por cada cremación que hacía por la noche fuera del control legal del camposanto.
Las pompas fúnebres aseguraban que las incineraciones fuera de Málaga eran más baratas aunque hubiese que trasladar los cuerpos a otras ciudades como Marbella, Sevilla, Granada o Alicante, y cientos de malagueños recibieron bolsas con restos que no eran de sus familiares.
El empleado municipal, sin el conocimiento y a espaldas de la dirección de la entidad, cobraba a las funerarias en aquel entonces 10.000 pesetas (60 euros) por cremación, cantidad notablemente inferior a la tarifa de Parcemasa, siendo además conscientes los participantes en el plan de que las empresas funerarias actuando de esta manera obtendrían un sustancial incremento de ingresos.
A los familiares se les cobraba la cantidad que el funerario estimara suficiente en relación a las tarifas oficiales vigentes en el cementerio cuyo destino se había contratado. La entrega al funcionario de Parcemasa se hacía por el sótano del camposanto y usaba el horno con el calor residual de 800 grados o poniéndolo en funcionamiento. Seguidamente lo metía en las correspondientes bolsas y lo entregaba de la misma forma o por la puerta trasera y cobraba un total de 10.000 pesetas por incineración, fuera de un resto individual o de un grupo familiar.
Recibidas las bolsas con las cenizas, se distribuían en urnas calculando la cantidad de forma aproximada y se identificaban con la etiqueta con el nombre del difunto que interesaba. Posteriormente, contactaban con los familiares a los que se les entregaba sus urnas, que supuestamente contenían las cenizas de los restos humanos exhumados.
