Tenerife sigue a la greña con Cetensa, la empresa que gestiona los cementerios y a la que adeuda casi 4 millones

Cetensa, la empresa que gestiona los cementerios, ha recurrido a los juzgados, una y otra vez, demandando al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el pago de la tasa de mantenimiento de los nichos que tendrían que pagar sus propietarios y que el Consistorio se ha negado a trasladar a los mismos.

En 1994 el Ayuntamiento adjudicó la gestión de los camposantos por un periodo de 30 años. En enero de 2022, la deuda que mantenía el Ayuntamiento con la empresa Cetensa ascendía a 3,4 millones de euros.

El importe adeudado se incluyen todos los pleitos que la compañía ha ido ganándole al Consistorio. Cetensa llevó al Ayuntamiento a los tribunales por no permitirle cobrar la «Tasa de Mantenimiento de los Titulares de Derechos de Concesiones a 99 Años» de los nichos y mausoleos.

El Ayuntamiento de Santa Cruz decidió en 2012 suspender el pago de la tasa de cementerios, que debían abonar los propietarios de nichos y tumbas en los cementerios de Santa Cruz. Esa decisión fue llevada a los tribunales por Cetensa, desde entonces, ha ido ganando sentencias en las que se le reconoce el derecho a ingresar el dinero correspondiente a esa tasa. Hasta el momento, el Ayuntamiento ha pagado unos dos millones de euros, a razón de unos 700.000 euros por año reclamado, que son los de 2013, 2014, 2015 y 2016. Faltan por conocerse las sentencias desde 2017 hasta 2021.

En el estudio que presentó Cetensa durante la licitación se incluía la mencionada tasa de mantenimiento, pero un acuerdo plenario del Ayuntamiento en 1997 acordó que el servicio debía ser gratuito para los usuarios y se suspendió la tasa de manera temporal.

La justicia, en sucesivas condenas por cada ejercicio anual, ha ido dándole la razón a Cetensa: realmente sí podía cobrar por el alquiler de los nichos. En 2021, la consejería de Servicios Sociales trató de llegar a un acuerdo con la empresa incluyendo en su presupuesto un pago único para solventar la deuda, además de incluir una partida presupuestaria para pagar la tasa de manera anual.

Casi 8 millones hasta 2024, si la perspectiva se mantiene con estas cifras, entre 2013 y 2024 (último año del contrato) el Ayuntamiento se verá obligado a pagar 7,7 millones de euros que se podría haber ahorrado parcialmente de haber buscado un acuerdo satisfactorio para ambas partes.