Organización criminal donde había empleados de un tanatorio y geriátrico robaron a 22 ancianos fallecidos
Dentro de la denominada operación “Mano Negra”, la Guardia Civil ha desmantelado una organización dedicada a apropiarse de las herencias de 22 personas mayores fallecidas a causa de la pandemia. Además de robar las joyas a los difuntos no reclamados por los familiares, dos empleados de un tanatorio de Alicante pasaban información al resto de la banda para robar en las viviendas de los fallecidos y obtener sus claves bancarias.
Los agentes han detenido a un total de ocho personas y han investigado a otras tres por los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo, estafa, falsedad documental, apropiación indebida, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y tenencia ilícita de armas en las provincias de Alicante, Valencia y Vizcaya.
Los investigadores acreditaron la participación ilícita de 20 inmuebles con un valor superior a los tres millones de euros, cuatro de ellos en París. Ante el riesgo de fuga de uno de los líderes, el pasado mes de octubre se realizaron siete registros.
Hasta la fecha han sido identificados un total de 22 fallecidos que han sido víctimas de este grupo criminal, siendo estos dos de nacionalidad española; cinco de nacionalidad francesa, uno belga, cuatro suizos, uno británica, ocho eran alemanes, y un finlandés.
Según informa la Guardia Civil, la investigación comenzó en mayo de 2021, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que alguien había quitado los precintos judiciales de una vivienda ubicada en Benissa (Alicante) en la que realizó reformas y sustrajo diversos objetos, entre ellos una motocicleta de alta gama.
En una primera fase, los agentes no tardaron en identificar a dos miembros del grupo criminal que trabajaban en un tanatorio ubicado en la comarca de la Marina Alta. Además de robar las joyas a los difuntos no reclamados por los familiares, pasaban información para robar en las viviendas de los fallecidos y obtener sus claves bancarias.
La Guardia Civil ha intervenido cinco armas de fuego, casi 100 piezas de joyería, 11.000 euros en efectivo, diversos dispositivos informáticos y de telefonía móvil, ocho vehículos a motor, una billetera fría de criptomonedas, 20 inmuebles y 71 cuentas bancarias que están siendo analizadas.
No reclamaban los cuerpos
Tras asegurarse de que ningún familiar reclamaba el cuerpo del fallecido, comenzaban a actuar los líderes de la organización: dos hermanos residentes en Bilbao, una mujer de 63 años con estudios en Derecho y un hombre de 54 años mediador de seguros. La mujer era gerente de 12 empresas, entre ellas dos inmobiliarias y cuatro gestorías, y el hombre era propietario de una correduría de seguros.
Las inmobiliarias, ubicadas en Denia y País Vasco, eran utilizadas para alquilar y vender las propiedades de los fallecidos. A través de las gestorías, que estaban en Bilbao y Cantabria, convertían mediante falsos contratos mercantiles a los difuntos en avalistas de sus empresas. De esta manera conseguían que los finados tuvieran una responsabilidad patrimonial y así, se quedaban con sus bienes de forma muy económica.
