Concejal denuncia irregularidades en la concesión de los cementerios de Almería y pide una auditoria

Miguel Cazorla, concejal del Ayuntamiento de Almería, ha reiterado su denunciar sobre las “irregularidades” que se están cometiendo desde hace 30 años por parte de la concesionaria que gestiona los cementerios de la ciudad. Cazorla ha relatado que en los años 2015/2016 ya se instó al Consistorio a que cesara la concesión dada a la empresa Cealsa, que costó a los almerienses 4.500.000 euros.

Posteriormente se sacó dicha concesión a concurso público dándosela a ASV Servicios Funerarios, apuntando el edil que esta “fue una cuestión que se hizo mal por parte del Partido Popular y que ha traído consigo un calvario de sentencias judiciales, siendo la principal la emitida en el año 2013/2014 en la que se le insta al Ayuntamiento a que debe retrotraer la concesión al inicio”.

Cazorla ha recordado que durante los seis años posteriores la prestación de los servicios dados en los cementerios continúa en manos de la empresa que, con sentencia en mano, había dicho un juez no debía de llevarla a cabo. “De hecho, se pide por parte de los juzgados que el Ayuntamiento diga con nombres y apellidos quienes están entorpeciendo y bloqueando el que no se pueda cumplir la sentencia emitida. Cuestión que obliga al Equipo de Gobierno del Partido Popular a dar los nombres de funcionarios de la casa, hecho que podía haber tenido graves consecuencias para los mismos haciendo peligrar sus trabajos. Esto es un auténtico despropósito por no saber hacer o por no tener la valentía de hacer lo que se tenía que haber hecho”.

El edil apunta que lo que se tenía que haber hecho era, como el mismo propuso en su día que “la concesión se revirtiera al Ayuntamiento, de tal manera que con los números que hacíamos, aproximadamente 1.100.000 euros de ingresos por el servicio municipal de cementerios y tanatorios, además de los cuatrocientos y pico mil euros que se tendrían sumando los gastos fijos y variables, podían ingresarse en las arcas municipales anualmente más de 500.000 euros”.

Propuesta que no fue aceptada por el Equipo de Gobierno, quien decide volver a sacar a concesión pública, recayendo de nuevo en la misma empresa, esa que estaba inicialmente y a la que un juzgado había con sentencia firme dicho que el procedimiento administrativo por el que se le había otorgado dicha concesión no era preceptiva. Así, esta vez la concesión se le da por 24 millones de euros por un periodo de 15 años.

Cazorla continúa explicando que desde entonces, hasta la actualidad, lo que ha ocurrido es que “el 8 de abril de 2021 yo decía que esto no era posible y en ese momento, el que era alcalde, Ramón Fernández Pacheco, a través de su concejala dijeron textualmente: No solo no conllevará un coste para el Ayuntamiento, sino que recibiremos un canon anual durante todo el periodo de la concesión por parte de la empresa, quien además deberá aportar los medios necesarios para la realización del servicio y que corre con el riesgo y ventura de dicha explotación siempre bajo el control municipal”.

Por todo ello, finalmente el 8 de abril de 2022 se da la concesión de los tanatorios, crematorios y cementerios a ASV Funeser S.L.U y en cuyo pliego de condiciones, concretamente en el punto 7 se establecen aspectos como el personal mínimo que debe conformar la plantilla.

“Desde 2014 hasta el pasado año, fecha en la que se da por fin la concesión, el servicio lo han venido prestando las mismas personas a través de la empresa Dimoba. Con dicha subrogación se produce entonces de forma paralela y simultánea una modificación de las condiciones de trabajo que supone trabajadores que tienen su plaza como auxiliares administrativos de cementerios pasen ahora a desempeñar la labor de recepcionistas en el tanatorio, accediendo a las bases de datos, dispensando licencias de inhumaciones, mientras que los oficiales de cementerio pasan a ser puestos de funerarios de tanatorio o crematorio.

Cazorla asegura, “yo entiendo que además de incumplir el contenido del pliego de condiciones y las prescripciones técnicas del contrato firmado, a lo que hay que sumarle el estudio de viabilidad, informes jurídicos y demás, esta es la causa de consulta que voy a hacer al propio equipo de gobierno del Partido Popular. Con esta cuestión se han puesto de acuerdo dos partes para perjudicar a un tercero, a los almerienses y al propio Ayuntamiento”.

Según Cazorla: “no parece razonable, ni ético, ni tal vez sea lícito que la misma empresa que presta el servicio actúe a la vez ofreciendo y vendiendo otros servicios de carácter privado que entrarían en competencia con el trabajo realizado por otras empresas. Es decir, estamos haciendo la competencia a personas y empresas que se han dedicado toda la vida a hacer estas cosas, como por ejemplo los marmolistas”.

A juicio del concejal los servicios de tanatorio se podrían haber usado libremente en el tanatorio municipal sin que nadie hubiera podido impedirlo y no se está haciendo así.

Cazorla denuncia que:
-. Los servicios funerarios realizados libres por empresas funerarias al margen de los servicios municipales descritos, pueden suponer a groso modo entre un 50 y un 60% del precio total de la facturación de las funerarias.

-. Hemos tenido conocimiento que la concesionaria ASV ha estado haciendo uso de las instalaciones municipales para dar soporte físico a una de sus empresas filiales, que a la postre es privada, la Agencia Funeraria La Nueva Málaga, teniendo la citada empresa al parecer una nave ubicada en la Calle Montenegro de nuestra ciudad, estando prácticamente vacía desde el inicio, porque los coches fúnebres y los féretros de dicha empresa se encuentran en las cocheras y almacenes del tanatorio municipales

-. Para más inri, dice Cazorla, “en la factura de la empresa La Nueva Málaga consta el domicilio y número de teléfono del tanatorio municipal, o que incluso se ha realizado alguna inspección de consumo a la citada empresa, pero en las instalaciones municipales”.

Según el concejal, nos llevaría a la conclusión que las dependencias de la empresa concesionaria son las mismas que las del tanatorio municipal, apostillando que “ya quisiera otra empresa del sector contar con esa posibilidad, dado que a día de hoy ninguna empresa que prestes servicios funerarios puede contar con dicha posibilidad”.

-. Según parece, la empresa “La Nueva de Málaga” no tiene personal adscrito a Almería, factura servicios casi a diario, las propias trabajadoras del servicio del cementerio han venido tramitando facturas de esta operadora a indicación de esta operadora a indicación de los propios funerarios y recepcionistas del tanatorio. «Esto indica que usan al personal que gestiona el servicio público del tanatorio crematorio para servicios externos. Cuestión que hace que podríamos estar entrando en una cadena de posibles actos ilícitos y o interrogantes que desde nuestra posición no podemos calcular y que podrían ser muy graves. ¿Qué está ocurriendo? El uso de personal incluido en la concesión y sujeto al canon se pone a disposición de otra empresa, acudiendo a hospitales, recogiendo difuntos en domicilios, residencias… y los acondicionan a los recepcionistas que son pagados por otra empresa.

Así, para Cazorla el posible hecho “ilícito” que estamos denunciando podría derivar en el uso del personal impropio, que cuenta como necesario en la cuenta de explotación de la concesión.

Es por ello que el edil apunta que «convendría comprobar y constatar que la concesionaria ASV tiene claramente distinguida y diferenciada la actividad de la concesión respecto a la actividad privada, aunque sea una empresa del mismo grupo, precisamente para evitar la competencia desleal a las demás empresas del ramo. La Nueva Málaga no tiene por qué informar al Consistorio del beneficio que obtiene por este trabajo que le hace a ASV”.

El edil se pregunta “si ASV paga al Ayuntamiento un canon por el volumen total de facturación, si hay un porcentaje de dicha facturación que la está haciendo otra empresa (La Nueva Málaga) eso escapa al control del Consistorio. ¿Entonces cómo se está haciendo? ¿ASV está aminorando así el importe del canon que debe pagarle al Ayuntamiento?”.

Por último, otro de los interrogantes que deberían despejarse a juicio de Cazorla es el concerniente al personal de ASV, sujeto a unas determinadas horas, si dichos trabajadores trabajan para otra empresa, aunque sea del mismo grupo ¿Computan solo las horas reales trabajadas en la concesionaria? “Si se ausentan de sus funciones como sepultureros, por ejemplo, tendremos menos frecuencia de limpieza, peor mantenimiento, peor atención… en definitiva peor servicio prestado a los almerienses”.

Es por ello que, anuncia que se va a presentar un escrito pidiendo explicaciones a la edil responsable del área de la que dependen los cementerios de la ciudad y a la propia alcaldesa del control que el Ayuntamiento está ejerciendo. Para ello, concluye el edil “aportaremos la documentación necesaria, al objeto de conocer si los servicios prestados contravienen o no lo establecido en la Ley 15/2007 del 3 de Julio de defensa de la competencia y demás normativa sectorial de aplicación. Si esto es así nos encontraríamos ante una situación muy complicada, dado que usaríamos una empresa de una concesión pública para «presuntamente “eludir parte del canon y lo que es peor estaríamos haciendo una competencia desleal a los servicios privados”.