La Diócesis de Canarias constituye la funeraria Rubicense Servicios y gestionará 24 cementerios

La entrada de la Iglesia en el negocio de la sepultura está siendo observada «de reojo» por las grandes aseguradoras, dada la fortaleza comercial que ejercería a través de la red de parroquias y organizaciones sociales, caritativas y pastorales.

La funeraria de la Diócesis de Canarias, Rubicense Servicios, gestionará 24 cementerios parroquiales en Las Palmas, según datos oficiales.

La Diócesis isleña irrumpe por vez primera en el negocio funerario frente al poder de Santalucía (Albia) y Mémora (IFR), los dos gigantes junto con Mapfre (Funesapaña) que han consolidado el negocio de la sepultura a base de una estrategia expansiva adquiriendo sociedades familiares.

La Diócesis de Canarias constituye la funeraria Rubicense Servicios, una sociedad limitada con 3.000 euros de capital social que pretende cubrir los servicios de sepultura de la comunidad eclesiástica, formada por unos 150 sacerdotes, además de personal de administrativo que trabaje para la institución, con sede en la calle Doctor Chil de Las Palmas de Gran Canaria.

Sus administradores son el obispo auxiliar, Cristóbal Déniz, y el secretario-canciller, Eloy Santiago (también sacerdote). Ambos se hacen acompañar en el consejo por el ecónomo diocesano, José García. El obispo, José Mazuelos, optó por mantenerse al margen ante la posibilidad de que sea nombrado arzobispo y deje vacante la sede de Santa Ana.

La noticia adelantada por Espiral 21, ha causado “sorpresa” en los círculos económicos por el fuerte arraigo de la cultura de la muerte en el Archipiélago, y, sobre todo, por la influencia que ejercen las empresas de servicios funerarios, caracterizadas además por un bajo perfil mediático.

La Diócesis aclara que se trata de una compañía de mera gestión, aunque en su objeto social se reconocen todas las prestaciones de la actividad. De momento, la institución eclesiástica no participará en la tenencia de tanatorios ni crematorios y se concentrará en el funcionamiento de los cementerios parroquiales con el fin de evitar que, ante la crisis, sigan migrando hacia los ayuntamientos.

La sede diocesana prevé establecer protocolos relacionados con los estipendios (misas funerales y responsos) que las funerarias convencionales cobran a los difuntos y familiares, ya sea porque están incluidos en las pólizas de seguro o porque se abonan de forma complementaria.