Personal administrativo de justicia y equipos forenses salen a la calle para reclamar mejora salarial

Los equipos técnicos forenses de los institutos forenses de Valladolid se han concentrado en la mañana del martes para protestar por el silencio del Ministerio de Justicia a las reclamaciones laborales que plantearon hace meses y tras la jornada de huelga del pasado 24 de mayo.

Personal laboral de Justicia en Valladolid, al igual de lo ocurrido con otros colectivos del sector en los últimos meses, reclamar un incremento salarial y mejoras en sus condiciones de trabajo, entre ellas no seguir sujetos al convenio único de la Administración General del Estado y su pase a la ‘funcionarización’.

Los concentrados, más de una docena, portaban carteles en los que se podía leer ‘padres sin custodia. Abandonados por la Justicia’ o ‘equipos técnicos forenses. Abandonados por la Justicia’ y son trabajadores laborales de la Administración de Justicia, con profesiones tan variopintas como informáticos, vigilantes, limpiadores y, como colectivo más mayoritario, miembros de los equipos técnicos del Instituto de Medicina Legal y Servicios Forenses (IML), entre psicólogos forenses, trabajadores sociales y educadores forenses.

Entre sus reivindicaciones, a las que ha puesto voz Eva Carretero, trabajadora social de los equipos técnicos del IML, figuran un aumento de sus salarios, ya que, como así ha explicado la portavoz poniendo un ejemplo, una trabajadora social que acaba de tomar posesión de su plaza cobra unos 1.300 euros y la diferencia de media entre el colectivo y lo que perciben funcionarios de Justicia se eleva a unos 800 euros mensuales.

Además de la reivindicación salarial, el problema también es que estamos bajo un convenio único de la Administración General del Estado, que no nos ha representado bien y ahora está obsoleto. Somos, con mucha diferencia, el personal que está peor de toda la Administración de Justicia y por eso exigimos nuestra funcionarización», ha reclamado Eva Carretero, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, destaca que la remuneración que reciben no es acorde al alto grado de especialización que se les exige.

Estos equipos forenses reclaman a la Administración «una rápida respuesta que solvente esta situación y no deteriore más el servicio público que prestan» estos profesionales.