Expertos de la eutanasia profundizan sobre su marco legal en España: derechos, retos y responsabilidades

Son ya dos años los que han pasado desde la aprobación de la ley LORE en 2021, un marco legal dirigido a la regulación de la eutanasia en todo el territorio español. Recientemente, el Tribunal Constitucional, en resolución del recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley por VOX, publicó una sentencia explicitando y argumentando que la Ley era plenamente constitucional.

Con el objetivo de profundizar en torno a la situación actual y los retos identificados con su aplicación, y así contribuir al avance hacia un final de vida que respete la libertad de la persona y su concepto de dignidad, la Fundación Grifols i Lucas y Fundación Mémora han organizado el seminario ‘Eutanasia: los retos éticos, jurídicos y administrativos de la LORE’.

El encuentro, celebrado en la sede de la Fundación Víctor Grifols i Lucas, puso sobre la mesa cuestiones como las distintas realidades en las comunidades autónomas, el papel de las Comisiones de Garantía de la Eutanasia para velar por el cumplimiento de las garantías que recoge la ley, la involucración de los profesionales sanitarios como parte ineludible del proceso, o el debate ético en torno a la libertad de la ciudadanía para solicitar la ayuda para morir.

La inauguración de la jornada fue a cargo de Núria Terribas, directora de la Fundació Víctor Grifols i Lucas, y Joan Berenguer, director de Fundación Mémora. Sobre el contexto en el que se ha organizado la reunión, Terribas apuntó durante su presentación que: “Con el transcurso de 2 años tras la entrada en vigor de la ley de la eutanasia, podemos hacer balance sobre los retos que han surgido desde el inicio de su aplicación, las diferencias en su puesta en práctica según distintos territorios o los aprendizajes compartidos que pueden ayudarnos a mejorar”.

A continuación, se dio paso a la primera de las conferencias de la jornada de la mano de Begoña Román, profesora de Ética Aplicada en la Universitat de Barcelona y presidenta del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Cataluña. En su exposición, Román profundizó sobre el debate bioético del concepto “libertad” en el momento de pedir la ayuda para morir: “La petición de ayuda para morir debe ser siempre libre y voluntaria porque es una decisión irrevocable y, por ello, tiene que ser una buena decisión, tomada racionalmente”.

Acto seguido tuvo lugar la conferencia de Carmen Tomás-Valiente, catedrática de Derecho Penal de la Universitat de les Illes Balears y vocal de la Comisión de Garantías y Evaluación de la Eutanasia en Islas Baleares. Tomás-Valiente compartió una visión jurídica sobre el derecho a la eutanasia: “al plantearse la eutanasia como derecho fundamental, la LORE no solo despenalizó lo que antes se consideraba un delito, sino que se ha creado un derecho en el sistema sanitario que las personas pueden exigir como prestación pública”. No obstante, quedan zonas grises sobre las que se debería actuar, como en la definición de los conceptos de “persona capaz”, dignidad o autonomía.

La tarea de las Comisiones de Garantía de la Eutanasia
Además de las conferencias, el seminario contó con dos mesas redondas. La primera de ellas profundizó sobre la tarea de las Comisiones de Garantía y Evaluación de la Eutanasia (CGyE). Estos organismos, conformados en cada comunidad autónoma por profesionales de distintas disciplinas, tienen la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos de de las peticiones de ayuda para morir, así como  revisar las reclamaciones que las personas pueden presentar cuando los profesionales médicos han denegado su solicitud.

Con el objetivo de mostrar el papel de estos organismos y la variedad de realidades que se dan en las distintas comunidades autónomas, la mesa contó con la participación de Albert Tuca, oncólogo y presidente de la CGyE en Cataluña; Maria Luísa Arcos, jurista y presidenta de la CGyE en Navarra; Juana Aza, enfermera y vicepresidenta de la CGyE en País Vasco; Elena Espinosa, médica y presidenta de la CGyE en Canarias, y Serafín Romero, médico y presidente de la CGyE en Andalucía.

Los expertos coincidieron en la importancia de estas comisiones para velar por el cumplimiento de todos los requisitos en las peticiones de eutanasia recibidas. Al presentar los resultados de las comisiones de garantías en las distintas comunidades autónomas, los expertos identificaron el predominio de enfermedades neurológicas y oncológicas entre las principales patologías de los pacientes que solicitan eutanasia. Además, se demostró la situación de desigualdad entre comunidades, ya que, por ejemplo, en el caso de las Islas Canarias la comisión cuenta con recursos prácticamente nulos, un equipo muy reducido y una alta complejidad por los retos de movilidad entre las 8 islas.

Del mismo modo, también se comentaron inquietudes, como la necesidad de crear herramientas informáticas que agilicen la coordinación, de compensar a los profesionales miembros de las comisiones por el tiempo que requiere esta tarea, puesto que son todos voluntarios. En este sentido, sobre el cuidado de los profesionales se pidió la implantación de medidas para reducir la presión y el estrés de los miembros de las comisiones, así como para fomentar la conciliación con su otra actividad profesional remunerada y su vida personal. También se comentaron retos como la mejor preparación de los profesionales, desde un punto de vista humanista, para saber comprender la situación subjetiva del paciente más allá de los datos de su historial clínico.

La aplicación práctica de la LORE: retos y aprendizajes de la comunidad sanitaria
Después del primer coloquio, el evento dio paso a una segunda mesa redonda enfocada al momento real de prestar una ayuda para morir. En ella participaron Mercè Cervera, médica de familia del EAP San Rafael; Gemma Sáez, enfermera referente de la eutanasia y gestora de casos del EAP La Marina; Núria Masnou, doctora referente de la eutanasia en ICS-Hospitals y miembro de la CGyE de Cataluña, y Josep Maria Busquets, médico y secretario de la CGyE de Cataluña y coordinador de la Oficina PRAM que da apoyo a los profesionales y miembros de la Comisión. Los ponentes conversaron sobre sus experiencias en la puesta en práctica de la ley, concretamente en la comunidad catalana: desde procedimientos a partir de la recepción de una petición, hasta la involucración activa de los pacientes, o la importancia de ofrecer acompañamiento también a los profesionales para evitar que la prestación de eutanasia se de en soledad.

Se destacó que es imprescindible ofrecer a los profesionales apoyo para capacitarlos tanto técnica como emocionalmente ante casos de pacientes que solicitan la ayuda para morir para actuar con calma y seguridad a lo largo de todo el proceso. También se reclamó la creación de programas de seguimiento psicológico para las familias una vez se ha administrado la eutanasia o el papel fundamental de la comunicación constante con el paciente durante todo el proceso para que se sienta acompañado y comprendido.

Por último, se comentó la tradición que existe en Cataluña en cuanto a implicación y sensibilidad por el proceso de ayuda para morir. Tal es el caso, que se prevé que en los próximos años se mantenga el incremento de peticiones y lleguen a tramitarse entre 700 y 1.000 solicitudes, por lo que también se ha reclamado una agilización de la burocracia en su tramitación y, así, atender a todos los pacientes sin excesivos tiempos de espera.

Tras las intervenciones de los profesionales, el director de la Fundación Mémora, Joan Berenguer, concluyó la jornada recordando que “es imprescindible fomentar espacios de diálogo entre profesionales multidisciplinares para conocer lo que ocurre en las distintas comunidades autónomas, compartir experiencias y seguir avanzando en este campo” y Núria Terribas destacó el interés de la jornada y haber alcanzado los objetivos propuestos de poner en común y compartir experiencia entre distintos territorios para mejorar entre todos en la aplicación de la LORE.