El juez abre diligencias contra la empresa ASV Funeser por un delito continuado de estafa
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Almería presentó el pasado 25 de enero una denuncia ante el juzgado contra la empresa ASV Funeser, que actualmente tiene la concesión del servicio municipal de cementerios, tanatorio y crematorio en Almería, así como contra la empresa La Nueva de Málaga, por presunta estafa continuada en la gestión de dicho servicio.
Además, se incluyó en la denuncia a la concejala responsable del Área de Servicios Municipales y Playas, Sacramento Sánchez, y a la alcaldesa, María Vázquez, por presunta prevaricación por omisión, debido a su supuesta negligencia en el control de la concesión, lo que podría haber causado un grave perjuicio a la administración municipal.
El juzgado ha iniciado diligencias previas para investigar el presunto delito continuado de estafa, tanto contra la empresa concesionaria ASV Funeser SL, como contra la Agencia Funeraria La Nueva de Málaga, así como contra los responsables de ambas entidades.
Es importante destacar que estos son alegatos y acusaciones, y que la investigación judicial determinará si existen pruebas suficientes para confirmar o descartar estas acusaciones.
Este texto describe una situación legal y política en la que se menciona que el juzgado considera la posible existencia de un presunto delito continuado de estafa, relacionado con actividades llevadas a cabo por una concesionaria del Ayuntamiento de Almería.
El juez abre diligencias
El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha iniciado diligencias previas por un presunto delito continuado de estafa relacionado con la concesionaria del servicio municipal de cementerios, tanatorio y crematorio, ASV Funeser SL, así como la Agencia Funeraria La Nueva de Málaga y sus responsables.
El Juzgado ha considerado que existen suficientes indicios para presumir la posible existencia de este delito. Sin embargo, no ha procedido a iniciar diligencias previas contra la concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, ni contra la alcaldesa, María del Mar Vázquez, del PSOE. A pesar de esto, el PSOE tiene la intención de recurrir esta decisión, argumentando que hay posibles evidencias de un delito de prevaricación por omisión, ya que la concesionaria podría haber estado cometiendo estas prácticas desde 2013 y las autoridades no habrían tomado medidas para evitarlas hasta que se presentaron denuncias.
El Grupo Municipal Socialista considera que el Ayuntamiento de Almería debe actuar como parte perjudicada en esta causa, ya que el presunto delito continuado de estafa por parte de una concesionaria municipal afectaría directamente a las arcas municipales.
Además, el PSOE en el Ayuntamiento de Almería insiste en que, independientemente de las posibles responsabilidades penales individuales, hay responsabilidades políticas que el equipo de Gobierno debería asumir, ya que tuvieron conocimiento de los hechos pero no los pusieron en conocimiento de la justicia.
