Las aseguradoras no tienen claro seguir dando servicio a los funcionarios de Muface
En 2023, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) alcanzó los dos millones de personas. De esta cantidad, el 70% eran titulares y, el 30% restante, beneficiarios. Adeslas (Grupo Mutua), DKV Seguros y Asisa, son las empresas que le están dando servicio.
Una cifra hasta ahora nunca vista y que ha tenido un claro elemento impulsor: las últimas ofertas de empleo público. De momento, la comunicación entre Gobierno y las entidades que prestan la asistencia sanitaria están siendo “fluida”, según los primeros. Y la intención es la de alcanzar “un reequilibrio financiero”.
Un nuevo convenio que se articulará sobre la base de tres pilares: los mayores costes derivado del envejecimiento de los beneficiarios; la ampliación de la cartera de servicios; y la introducción de la tecnología en los centros sanitarios. El actual concierto (2022-2024) tiene una financiación de 3.521 millones de euros. Cuando se firmó, supuso un incremento del 10% respecto al anterior (el mayor aumento de los últimos quince años).
De cara al nuevo, la intención de las aseguradoras es incrementar esa cifra alrededor de un 50%: 1.800 millones de euros más. La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no es un buen punto de partida. La situación actual de Muface, el sistema de salud para los funcionarios públicos en España, es crítica debido a la insostenibilidad financiera del modelo. Tres compañías aseguradoras, Adeslas (Grupo Mutua), DKV Seguros y Asisa, están prestando el servicio, pero las dos primeras han subrayado que el modelo actual les está generando pérdidas significativas.
En 2023, las tres aseguradoras perdieron colectivamente 200 millones de euros debido a Muface, según DKV. Este déficit acumulado asciende a 470 millones de euros en los últimos tres años. DKV y Adeslas han advertido que no están dispuestas a seguir asumiendo estas pérdidas, lo que representa una mala noticia para los dos millones de beneficiarios del sistema.
El concierto actual de Muface, que abarca el periodo 2022-2024, finalizará el 31 de diciembre de 2024, y hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para su renovación. Las aseguradoras insisten en que se requiere una mayor financiación para que el modelo sea viable. En la presentación de resultados de DKV, sus directivos calificaron el modelo como «ejemplar» y con «recorrido», pero insisten en que no puede seguir operando con la actual infrafinanciación.
Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua Madrileña, enfatizó que el servicio es económicamente insostenible en su forma actual y advirtió que Adeslas podría no participar en la próxima licitación si no se mejoran notablemente las condiciones económicas.
Las causas principales de esta crisis son la baja financiación del sistema y el aumento de los costes, exacerbados por la inflación, el envejecimiento de los beneficiarios, la ampliación de prestaciones, los efectos de la Covid-19 y la inversión en tecnología sanitaria. Esto ha llevado a recortes en los cuadros médicos, la retirada de centros sanitarios completos y la reducción de la atención sanitaria en zonas rurales, según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Además, el número de titulares y beneficiarios ha aumentado en los últimos cinco años, alcanzando los dos millones en 2023. Este incremento se debe en parte a las recientes ofertas de empleo público.
Aunque las negociaciones entre el Gobierno y las aseguradoras están siendo «fluidas», según fuentes gubernamentales, y hay intención de alcanzar un «reequilibrio financiero», la situación sigue siendo incierta. El nuevo acuerdo deberá abordar tres pilares principales: los mayores costes derivados del envejecimiento de los beneficiarios, la ampliación de la cartera de servicios y la introducción de tecnología en los centros sanitarios.
La financiación del concierto actual (2022-2024) es de 3.521 millones de euros, un 10% más que el acuerdo anterior, el mayor incremento en quince años. Sin embargo, las aseguradoras buscan un aumento de alrededor del 50% para el nuevo acuerdo, lo que representa 1.800 millones de euros adicionales, una cifra complicada de alcanzar debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
