Los socialistas exige al alcalde de Ponferrada el pago por los terrenos del cementerio de Fuentesnuevas
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) espera que Marco Morala, alcalde de Ponferrada, cumpla con el acuerdo referente al cementerio del municipio de Fuentesnuevas en próximo mes de septiembre. Esta expectativa fue manifestada por Olegario Ramón, portavoz socialista, tras una reunión con Luis Antonio Moreno, concejal de Hacienda, quien fue clave en las negociaciones para aprobar los presupuestos municipales de este año.
Los socialistas confían en que el equipo de gobierno avance en la documentación necesaria a partir del 14 de junio, de manera que todo el proceso esté finalizado en septiembre. Olegario Ramón expresó plena confianza en la buena fe de Luis Antonio Moreno, advirtiendo que un incumplimiento del acuerdo erosionaría la confianza en el equipo de gobierno, aunque descartó la posibilidad de una moción de censura como medida inmediata.
La preocupación del PSOE también se debe a un anuncio del alcalde sobre la posible ruptura del acuerdo a instancias de una asociación de vecinos de reciente creación en Fuentesnuevas. Este anuncio se interpreta como una provocación tras la derrota en la votación de la ordenanza sobre la Zona de Bajas Emisiones. El PSOE optó por dialogar con el concejal de Hacienda para evitar una ruptura directa con el ejecutivo municipal.
Ramón criticó los constantes cambios de postura del alcalde, quien ha dado peso a la opinión de un pequeño grupo de vecinos sobre la representación institucional de la junta vecinal, presidida por el socialista José Antonio Cartón. Además, cuestionó el compromiso del alcalde de devolver los terrenos del cementerio a la pedanía, cuando estos aún están bajo la entidad vecinal.
La situación del cementerio de Fuentesnuevas se remonta a 2016, cuando Mari Crespo, entonces pedánea y ahora concejala de Participación, adquirió dos terrenos para ampliar el cementerio por 96.000 euros, a pesar de que la junta vecinal tenía un ingreso anual de solo 1.100 euros. Esta compra llevó a la imposibilidad de pagar la deuda, resultando en un litigio civil y un proceso penal aún abierto. Olegario Ramón lamenta que las represalias políticas hayan llevado a Morala a retrasar la solución, poniendo en riesgo el pacto presupuestario.
