Ordenan investigar a los dueños de la funeraria Montesinos por vender cadáveres a 1.200 euros
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado al juzgado que cite a declarar en calidad de investigados a los dos dueños de la funeraria Montesinos, en el marco de una trama de la supuesta venta de cadáveres desarticulada el pasado año en Valencia.
Esta decisión se toma tras estimar el recurso del Ministerio Fiscal, que había recurrido el auto del juzgado que inicialmente había decidido seguir adelante solo con dos trabajadores de la funeraria y había sobreseído la causa contra los dos responsables de la empresa.
Contexto
La investigación se centró en la Funeraria Montesinos, sospechosa de falsificar documentación para retirar cuerpos de hospitales y residencias y venderlos a universidades por 1.200 euros para su estudio. Los investigados seleccionaban a fallecidos sin familiares, preferiblemente extranjeros o en situación precaria, para evitar el seguimiento de las donaciones. El caso se destapó a principios de 2023 cuando se detectó la retirada irregular de un cadáver de un hospital, con documentos falsificados y posteriormente vendido a una universidad.
Meses después de destaparse los hechos, la Policía Nacional realizó un atestado ampliatorio para investigar otro caso de fallecido y posibles irregularidades en más incineraciones. Este atestado implicaba a las cuatro personas originalmente involucradas: los dos responsables de la funeraria y los dos trabajadores.
La Audiencia Provincial ha decidido revocar la resolución judicial previa para que se vuelva a la fase de diligencias previas, permitiendo así la declaración de los responsables de la funeraria como investigados, garantizando su derecho a la defensa. Tras estas declaraciones, el juez deberá decidir si procede el sobreseimiento del caso, la continuación por el procedimiento abreviado o la práctica de más diligencias.
Se estima que los implicados podrían haber obtenido ganancias millonarias con estas prácticas durante varios años, y se sospecha que la trama podría tener ramificaciones en otras ciudades de España. En particular, se llegó a facturar 5.040 euros a una universidad por 11 incineraciones de cuerpos que en realidad no se habían realizado.
La Audiencia tomó esta decisión al recordar que el juez había sugerido la supuesta autoría material del delito de falsedad por parte de los dueños de la funeraria, «llegando a afirmarla abiertamente» en otro auto. También se apoyó en el relato de hechos del magistrado y en la declaración de uno de los trabajadores, quien implicó a los dueños en los hechos.
Esta decisión de la Audiencia Provincial, contra la que no cabe recurso, marca un avance significativo en la investigación y en el proceso judicial en curso.
