Adeslas, DKV y Asisa no participarán en la nueva licitación del servicio que ofrecen a Muface

El conflicto entre las aseguradoras Adeslas, DKV y Asisa y el Gobierno en torno al concierto de Muface refleja una situación crítica para la sanidad privada vinculada a los funcionarios públicos. El principal problema radica en que las aseguradoras consideran insuficiente el aumento del 14 % en las primas propuesto por el Gobierno para los próximos dos años, dado que habían solicitado un incremento del 40 % para compensar las pérdidas que enfrentan debido al incremento de la siniestralidad y la inflación.

Estas compañías afirman que las condiciones económicas actuales suponen pérdidas anuales de unos 200 millones de euros, lo que las obliga a replantearse su participación en la licitación.

El hecho de que estas aseguradoras decidan no participar pone en riesgo la continuidad del modelo de Muface, que cubre a alrededor de 1,9 millones de funcionarios y sus familiares, permitiéndoles acceder a la sanidad privada. Si no se alcanzara un acuerdo, se podría producir un «éxodo» de estos mutualistas hacia el sistema público de salud, lo que implicaría un aumento de las listas de espera y un costo adicional significativo para el sistema público, estimado en más de 1.000 millones de euros anuales, según la Asociación de la Sanidad Privada Española (ASPE).

El Gobierno dispone de tres meses para negociar y lanzar la nueva licitación, ya que el contrato de Muface vence a finales de este año. En caso de no encontrar una solución adecuada, las repercusiones económicas y sociales serían considerables tanto para el sistema público como para los mutualistas, que verían reducidas sus opciones de atención sanitaria privada.