El Gobierno prohíbe subidas en funerarias y destina fondos para servicios sociales y protectoras
Ante la reciente DANA que ha golpeado duramente el País Valencià y otras regiones de España, el Gobierno ha dado un paso adelante para proteger a los ciudadanos y mitigar los efectos de esta catástrofe. Un nuevo Real Decreto aprobado esta semana en Moncloa ha traído consigo una serie de medidas para atender las necesidades urgentes de las personas y también de los animales que han quedado en situación de abandono.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha anunciado la creación de una “Red de Protección Social” que busca brindar apoyo a los sectores más vulnerables en las áreas afectadas. Entre estas medidas, destaca la transferencia de 50 millones de euros a los servicios sociales municipales de los ayuntamientos damnificados. Según Bustinduy, el objetivo es que los servicios sociales puedan atender las situaciones de pobreza y exclusión que han surgido en medio de esta crisis, y se asegure así que nadie quede atrás.
Otro punto clave de este plan es el control de los precios en servicios funerarios. El decreto prohíbe a las funerarias aumentar los precios a niveles superiores a los que tenían antes del 28 de octubre de 2024. Esta medida responde a la necesidad de proteger a las familias que se enfrentan a la pérdida de seres queridos en estos momentos tan difíciles, y garantiza que puedan acceder a estos servicios de manera justa. “Una tragedia de estas características no puede ser un contexto que dé lugar al beneficio económico de ningún operador”, ha declarado Bustinduy.
Además, y por primera vez en la historia de España, se han aprobado ayudas específicas para las protectoras de animales que se han visto afectadas por la DANA. Con una dotación de 390.000 euros, esta ayuda se destina a la reparación de las instalaciones que acogen y protegen a animales de compañía, muchos de los cuales han quedado en situación de desamparo tras las lluvias. El ministerio ha subrayado la importancia de estas instalaciones para evitar problemas de salud pública, ya que el número de animales en la vía pública ha aumentado, generando un riesgo sanitario en las zonas afectadas.
Por último, el Real Decreto también incluye una asignación de 5 millones de euros a la Plataforma del Tercer Sector, que representa a unas 28.000 entidades solidarias en España, entre las que se encuentran organizaciones como Cruz Roja y Cáritas. Esta ayuda se destina a reforzar la intervención en emergencias y apoyar directamente a las personas en situación de vulnerabilidad en las zonas más castigadas. Asimismo, se ha asignado una subvención de 700.000 euros al Consejo General de Trabajo Social para desplegar el Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales, con el fin de asegurar una respuesta coordinada y eficiente.
Con este conjunto de medidas, el Gobierno busca no solo asistir en las necesidades inmediatas, sino también construir una base para la recuperación de las personas y de sus comunidades, incluyendo a los animales que forman parte de ellas. La “Red de Protección Social” es una respuesta directa a una tragedia, un esfuerzo para recordar que, en los momentos más oscuros, el apoyo y la solidaridad son lo que permite a una sociedad salir adelante.
