Muface podría desaparecer ante la indiferencia de la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez
La situación actual de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) genera gran incertidumbre entre los funcionarios públicos en España debido a la falta de acuerdo con las aseguradoras privadas que hasta ahora han ofrecido la cobertura sanitaria. Este modelo mutualista, que permite a los funcionarios optar por sanidad pública o privada, está en riesgo por la retirada de las compañías aseguradoras (Adeslas, Asisa y DKV) de la licitación para renovar el concierto, argumentando que las condiciones económicas propuestas son inviables.
Claves del problema: características de Muface
Muface es un a mutua pública fundada en 1975 que gestiona prestaciones sociales de funcionarios, incluyendo sanidad, ayudas familiares, y jubilaciones específicas. Los funcionarios españoles pertenecer al régimen, pagando una cuota, pudiendo elegir cada año entre sanidad pública o privada, una característica distintiva del sistema mutualista.
Impacto de las aseguradoras
Cerca del 70% de los mutualistas optan por la sanidad privada. Adeslas, Asisa y DKV ofrecían el servicio a los mutualistas, pero en este nuevo ejercicio han rechazado continuar debido a pérdidas económicas que han sufrido con las condiciones actuales.
Posibles escenarios, renegociación del concierto
El Gobierno está intentando una licitación urgente para mejorar las condiciones y atraer a las aseguradoras, pero no le hace ascos a que 1,5 millones de funcionarios sean absorbidos por la Seguridad Social. Si las aseguradoras no vuelven, Muface podría integrarse en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Consecuencias de una integración en Servicio Nacional de Salud (SNS)
Para los funcionarios, supondría la pérdida de la opción de elegir atención privada con condiciones ventajosas. Ello supone una preocupación por la calidad y rapidez de la atención sanitaria.
Para el sistema sanitario público
Añadir 1,5 millones de personas al SNS, supondría un aumento en las listas de espera, especialmente en territorios con alta densidad de mutualistas o población envejecida. Ello supondría una presión adicional sobre la atención primaria y quirúrgica, aunque el Gobierno asegura que los fondos destinados a Muface se redirigirían para reforzar los sistemas autonómicos.
Reacción y preocupación de los colectivos afectados
Preocupación entre profesionales sanitarios y pacientes de la sanidad pública, que advierten sobre el riesgo de colapso en algunas regiones españolas. Por otro lado, las otras mutualidades públicas, Isfas (militares y guardias civiles) y Mugeju (judicial), no enfrentan esta situación, ya que sus aseguradoras han aceptado continuar los servicios. Esto contrasta con la incertidumbre que rodea a Muface.
Ministra de Sanidad
La ministra de Sanidad, Mónica García, se muestra favorable a integrar 1,5 millones de funcionarios adscritos a Muface al sistema público de salud, lo que ha generado una fuerte controversia, con críticas que advierten sobre un posible colapso de los hospitales y centros de atención primaria, así como un impacto negativo para los funcionarios y sus familias.
La ministra de Sanidad defiende que el sistema público está preparado para asumir esta transición asumiendo 1,5 millones más, pero numerosos actores, incluidos representantes de comunidades autónomas y expertos en gestión sanitaria, alertan sobre graves consecuencias. La ministra afirmó que «el contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable».
CSIF muestran su preocupación
La preocupación de CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) se centra en el impacto que el posible vencimiento o cambio del convenio tenga sobre aquellos funcionarios que requieren tratamientos médicos continuados.
