El Ayuntamiento de Reus confía en la justicia para esclarecer denuncias de acoso laboral
En Reus, las denuncias por presunto acoso laboral en los Servicios Funerarios municipales han escalado, dejando al Ayuntamiento bajo una atenta observación pública. Las acusaciones, dirigidas contra el gerente de esta empresa municipal, han sido llevadas ante la justicia, dejando en suspenso el debate interno sobre su gestión y los mecanismos existentes para resolver estos casos.
El concejal no adscrito José Ruiz dio a conocer esta situación en el pleno municipal del pasado 15 de noviembre, mencionando que varios empleados habían denunciado sentirse acosados laboralmente. A partir de entonces, el caso ha generado una serie de reacciones tanto en el ámbito político como entre los propios trabajadores afectados.
El protocolo, en el centro del debate
El Ayuntamiento dispone de un protocolo para abordar situaciones de acoso laboral, pero su aplicación ha sido objeto de críticas. Fuentes municipales indican que este mecanismo debe ser activado por los trabajadores afectados para poder proceder. Sin embargo, uno de los empleados, con más de tres décadas de antigüedad y que prefiere mantener el anonimato, afirma que el sistema carece de imparcialidad: “Las denuncias son evaluadas por el delegado sindical y dos representantes vinculados a la dirección, lo que genera desconfianza en su eficacia”.
El mismo trabajador, quien tomó una baja por estrés laboral el año pasado, sostiene que las tensiones afectan principalmente a empleados veteranos. “Los más nuevos o temporales aceptan las condiciones sin cuestionarlas”, señala. Actualmente, seis empleados y dos extrabajadores han presentado una denuncia colectiva ante la inspección de trabajo.
Posturas políticas
La portavoz del Partido Popular en Reus, Sílvia Virgili, calificó de “decepcionante” la respuesta del equipo de gobierno. Según Virgili, en junio abordaron el tema con la concejala Montserrat Flores, quien defiende la regularidad del proceso de selección del gerente. No obstante, las denuncias posteriores y la falta de activación del protocolo llevaron al PP a exigir una revisión de los procedimientos. “Si el gobierno municipal enfatiza tanto la salud mental, debe garantizar que sus herramientas funcionen correctamente”, afirmó.
Reuniones canceladas y vía judicial
En un intento inicial de resolver el conflicto, el Ayuntamiento organizó reuniones individuales con los empleados afectados. Sin embargo, una vez que algunos casos ingresaron al ámbito judicial, estas reuniones fueron suspendidas. Fuentes municipales justificaron la decisión indicando que mantener estos encuentros podría malinterpretarse y entorpecer los procesos legales en curso.
Impacto en proyectos futuros
Las tensiones también han salpicado a FuneCamp, un proyecto para crear una funeraria supramunicipal que integre Reus, Salou, Vila-seca y Constaní. El PP ha condicionado su apoyo a este proyecto a la destitución o apartamiento del gerente mientras se aclaran las denuncias. Aunque su contrato actual se extiende hasta diciembre de 2025, algunos miembros del gobierno han indicado que no se contempla su renovación. Para Virgili, esta medida resulta insuficiente: “Es necesario apartarlo de forma cautelar mientras se investiga”.
El camino por recorrer
Con el caso en manos de la justicia, las autoridades municipales enfrentan el desafío de demostrar que sus protocolos son efectivos y que las denuncias serán tratadas con seriedad. En juego está la confianza de los trabajadores y la credibilidad de una gestión que busca equilibrar legalidad y transparencia.
